SEGÚN LAS ESTIMACIONES DE LA ALCALDESA DE QUART
La base de la ONU en Valencia creará más de 1.000 empleos y cinco millones de beneficio
* El Ayuntamiento de Quart estima el volumen de beneficio en cinco millones de euros
* La Asamblea General de la ONU ratificó el miércoles la ubicación definitiva de la base
EUROPA PRESS
VALENCIA.- La alcaldesa de Quart de Poblet (Valencia), Carmen Martínez, destacó este viernes la "inyección económica" que supondrá la instalación de la nueva base de comunicaciones de la ONU en Europa en el municipio, ya que, según dijo, generará un volumen de beneficio de cinco millones de euros anuales y entre 1.000 y 1.500 empleos indirectos.
Martínez indicó que la ratificación de Quart como sede de la nueva base de la ONU es una "noticia excelente" "por lo que significa de proyección internacional en el mapa mundial de la paz" de la localidad, de Valencia y de la Comunidad Valenciana.
La alcaldesa resaltó, asimismo, la "dinamización local" que supondrá esta nueva instalación de las Naciones Unidas, en la que habrá entre 150 y 300 técnicos de "alto nivel" en el campo de las telecomunicaciones, y que generará "entre 1.000 y 1.500 empleos indirectos y un volumen de beneficio de cinco millones de euros anuales".
Por contra, comentó que no tiene ningún tipo de temor por que la base pueda provocar problemas de seguridad para el municipio. "Todo lo contrario, es una base que va a trabajar por la paz en el mundo, y eso sólo puede ser positivo para Quart y la Comunidad Valenciana".
La nueva base de la ONU se encargará, según explicó la primera edil, de "canalizar todas las comunicaciones de las misiones de paz donde esté instalada la ONU" y será "un punto de referencia importante para las sedes de Nueva York y Ginebra". La de Quart, dijo, será la sede que "canalice todas las comunicaciones a nivel internacional".
Ratificación en la Asamblea General
Martínez hizo estas declaraciones después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya ratificado la propuesta del Gobierno de España para que la localidad valenciana de Quart de Poblet sea la sede de una nueva base de comunicaciones de la ONU en Europa.
La decisión de la ONU se produce unos días después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se entrevistara en la sede de la organización internacional con el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en su último viaje a Nueva York, ante quien reiteró el interés del Gobierno español por la ratificación de Valencia como sede de la base de comunicaciones de la ONU en Europa.
Las futuras instalaciones servirán fundamentalmente como centro de coordinación de las comunicaciones para operaciones de mantenimiento de paz en las misiones que la ONU tiene desplegadas en el mundo.
Una vez adoptada formalmente la designación de Valencia para acoger el centro logístico de coordinación de misiones de paz, próximamente tendrá lugar la firma de un acuerdo de sede entre España y Naciones Unidas para el establecimiento de la base y el inicio de las obras de construcción.
PUEDE AFECTAR A ALGUNOS RADIOAFICIONADOS
Ministerio de Defensa (BOE 273 de 12/11/2009)
Orden DEF/3028/2009, de 4 de noviembre, por la que establece una zona de seguridad radioeléctrica para el centro de comunicaciones para el apoyo a las misiones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado en las instalaciones del aeropuerto de Valencia, en el término municipal de Quart de Poblet (Valencia).
Rango: Orden
Páginas: 95069 - 95070
Referencia: 2009/18055
* PDF de la disposición
TEXTO
En el término municipal de Quart de Poblet (Valencia), existe un Centro de Comunicaciones para el apoyo a las misiones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado dentro del aeropuerto de Valencia, carente de zona de seguridad radioeléctrica, que es necesario preservar de cualquier actividad que pudiera afectarlo, para asegurar la actuación eficaz de los medios de que dispone, así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad, en conformidad con lo establecido en el Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo.
Por lo anterior es necesario establecer una zona de seguridad radioeléctrica para el citado centro.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Clasificación de la instalación militar.
A los efectos prevenidos en el título I, capítulo II, del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, en adelante el Reglamento, el Centro de Comunicaciones para el apoyo a las misiones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas ubicado dentro del aeropuerto de Valencia situado en el municipio de Quart de Poblet (Valencia), se considera incluida en el Grupo Segundo de los regulados por el artículo 8 del Reglamento.
Artículo 2. Establecimiento de la zona de seguridad.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento y para el citado Centro de Comunicaciones, se establece una zona de seguridad radioeléctrica de las definidas para las instalaciones del Grupo Segundo.
Artículo 3. Determinación de la zona de seguridad.
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 y 19 del Reglamento, la zona de seguridad radioeléctrica vendrá delimitada en los términos que a continuación se relacionan:
a) Zona de instalación: Es el espacio en que se ubica la instalación del Centro de Comunicaciones, materializado por la unión de los siguientes puntos de coordenadas UTM ED-50, así como coordenadas geográficas WGS-84:
Coordenadas UTM
ED-50
Coordenadas geográficas
WGS-84
X
Y
Latitud N
Longitud W
Punto A
716189
4372948
39º 28’ 37,7’’
000º 29’ 16,3’’
Punto B
716370
4372958
39º 28’ 37,9’’
000º 29’ 08,7’’
Punto C
716357
4373182
39º 28’ 45,2’’
000º 29’ 09,0’’
Punto D
716177
4373172
39º 28’ 45,0’’
000º 29’ 16,5’’
b) Punto de referencia de la instalación: Coordenadas geográficas WGS-84 39º 28’ 39,42’’ N; 000º 29’ 12,56’’ W, a una altura de 65,9 metros sobre el nivel del mar.
c) Plano de referencia de la instalación: El horizontal que contiene el punto de referencia de la misma.
d) Superficie de limitación en alturas: Por ser una instalación con emisores / receptores que trabajan en la banda de SHF, será la engendrada por un segmento que, partiendo de la proyección ortogonal del perímetro de la zona de instalación sobre el plano de referencia, mantiene con éste una pendiente del 5%. Dicho segmento será el contenido en el plano vertical normal a la línea definida por la citada proyección en cada uno de sus puntos.
e) Anchura de la zona de seguridad radioeléctrica: Por ser una instalación con emisores / receptores que trabajan en la banda de SHF, será de 2000 metros, medida sobre el plano de referencia, a partir de la proyección ortogonal sobre el mismo del perímetro de la zona de instalación.
Disposición adicional única. Exclusiones.
Aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de seguridad radioeléctrica mencionada y que hayan sido autorizadas antes de la entrada en vigor de esta orden, no les afectará ningún tipo de limitación siempre que no interfieran a la citada instalación, ni sean modificadas sus características actuales.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de noviembre de 2009.–La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.
Blog personal de EA5HKV. En éste blog podrás encontrar toda la actualidad del mundo del radioaficionado, así como una gran cantidad de enlaces a páginas de interés. Gracias por tu visita. 73.
viernes, 20 de noviembre de 2009
jueves, 19 de noviembre de 2009
¿Donde va a parar el dinero del rescate?
El rescate entregado, en el caso del Alakrana, de 2,3 millones de euros a los corsarios somalíes está en boga por la repercusión mediática que ha suscitado, pero no deja de ser uno más que engrosa unas suculentas cuentas bancarias de muchos ceros y de paraderos fantasma. ¿Por qué se pierde el rastro de inmediato al dinero entregado hace 48 horas a unos piratas que, no hay que olvidar, están perfectamente armados, pero que no sólo carecen de preparación financiera, sino de los más elementales niveles de alfabetización? Los millonarios rescates que han sido pagados fueron entregados siempre en efectivo a los piratas y a partir de ese momento se les ha perdido la pista, aunque este dinero en efectivo es sólo una pequeña cantidad.
Más de la mitad del rescate es llevado al extranjero para ser lavado y acaba en cuentas bancarias más o menos secretas, en Occidente.Una parte importante del dinero se lo embolsan aquéllos que hayan actuado de mediadores. En muchas ocasiones, son empresas europeas que los expertos internacionales sitúan en Londres. Muy poco se sabe de estos gabinetes y gestorías, salvo que “algunos de ellos han decidido especializar su negocio y dedicarse en exclusiva a la gestión de negociaciones”, confiesa en conversación con LA GACETA un abogado —que exige anonimato— de uno de estos bufetes británicos.
Claramente expresa también que estos despachos internacionales especializados “mantienen hombres sobre el terreno, generalmente en Kenia, y se desplazan de manera esporádica a las costas somalíes para dar consignas precisas a los contactos directos con los piratas en el mar, aunque casi siempre evitan el desplazamiento y usan el móvil, garantizando así su seguridad y gracias a que ya se han ganado la confianza de los jefes tribales. Luego el dinero es entregado de forma inmediata una vez realizado el pago, aunque la parte que nos quedamos no se hace sobre el terreno, sino que los pagadores lo redireccionan previamente, antes de la liberación, a cuentas cifradas”, explica. Sin rastro. No hay pruebas que respalden la hipótesis de que la capital británica se haya convertido en un núcleo fundamental en el negocio de la piratería, pero son demasiados dedos los que apuntan al Reino Unido.
Tampoco hay datos que prueben que el dinero de los rescates esté siendo lavado en los países del Golfo Pérsico, en particular los Emiratos Árabes Unidos y Dubai, pero los expertos apuntan a esta posibilidad. En los pueblos costeros de Somalia y en la región de Puntland se ha generado una economía alrededor de la piratería, que emplea a miles de personas que se reparten el botín de los secuestros. Según un informe de la ONU, los piratas que integran la célula que ataca y apresa a los barcos se quedarían con el 30% del rescate; sus compañeros que le ofrecen apoyo desde tierra, con el 10%, el mismo porcentaje que los ancianos de los clanes a los que pertenecen los piratas y otras autoridades locales, entre ellos responsables políticos. El restante 50% sería para las organizaciones que gestionan, financian y controlan la actividad de los piratas en la sombra. El dinero queda así muy repartido, dificultando su localización, y canalizado a través de un sistema económico informal.
Más de la mitad del rescate es llevado al extranjero para ser lavado y acaba en cuentas bancarias más o menos secretas, en Occidente.Una parte importante del dinero se lo embolsan aquéllos que hayan actuado de mediadores. En muchas ocasiones, son empresas europeas que los expertos internacionales sitúan en Londres. Muy poco se sabe de estos gabinetes y gestorías, salvo que “algunos de ellos han decidido especializar su negocio y dedicarse en exclusiva a la gestión de negociaciones”, confiesa en conversación con LA GACETA un abogado —que exige anonimato— de uno de estos bufetes británicos.
Claramente expresa también que estos despachos internacionales especializados “mantienen hombres sobre el terreno, generalmente en Kenia, y se desplazan de manera esporádica a las costas somalíes para dar consignas precisas a los contactos directos con los piratas en el mar, aunque casi siempre evitan el desplazamiento y usan el móvil, garantizando así su seguridad y gracias a que ya se han ganado la confianza de los jefes tribales. Luego el dinero es entregado de forma inmediata una vez realizado el pago, aunque la parte que nos quedamos no se hace sobre el terreno, sino que los pagadores lo redireccionan previamente, antes de la liberación, a cuentas cifradas”, explica. Sin rastro. No hay pruebas que respalden la hipótesis de que la capital británica se haya convertido en un núcleo fundamental en el negocio de la piratería, pero son demasiados dedos los que apuntan al Reino Unido.
Tampoco hay datos que prueben que el dinero de los rescates esté siendo lavado en los países del Golfo Pérsico, en particular los Emiratos Árabes Unidos y Dubai, pero los expertos apuntan a esta posibilidad. En los pueblos costeros de Somalia y en la región de Puntland se ha generado una economía alrededor de la piratería, que emplea a miles de personas que se reparten el botín de los secuestros. Según un informe de la ONU, los piratas que integran la célula que ataca y apresa a los barcos se quedarían con el 30% del rescate; sus compañeros que le ofrecen apoyo desde tierra, con el 10%, el mismo porcentaje que los ancianos de los clanes a los que pertenecen los piratas y otras autoridades locales, entre ellos responsables políticos. El restante 50% sería para las organizaciones que gestionan, financian y controlan la actividad de los piratas en la sombra. El dinero queda así muy repartido, dificultando su localización, y canalizado a través de un sistema económico informal.
Juan Montero EA5FHK Presidente de la Asociacion Cultural Radioaficionados Costa Blanca
Entrevista a Juan Montero EA5FHK, presidente de la Asociación Cultural de Radioaficionados Costa Blanca, conoce el III Diploma Caravanitos.
Escuchar entre vista a EA5FHK Juan.
Página web de entrevistas de Radioaficionados.
Escuchar entre vista a EA5FHK Juan.
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Los médicos no quieren vacunarse
GRIPE A
Por qué los médicos no se quieren vacunar
* Entre el 60% y el 70% de los galenos tampoco se inmuniza contra la gripe común
* Sanidad puede encontrarse con un excedente de 25 millones de vacunas
MADRID.- El inicio de la campaña de vacunación frente al virus A/H1N1 ha desatado el debate sobre la negativa de los médicos y otros profesionales sanitarios a seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Desconcertados, los pacientes se preguntan si les conviene aceptar algo que rechazan quienes les atienden. Sin embargo, las reticencias de la mayoría de quienes trabajan en los hospitales y centros de salud españoles tienen poco que ver con la seguridad y mucho con la tradicional resistencia de los galenos a protegerse frente a la gripe estacional.
Cinco doctores rebeldes y otros tantos individuos que van a vacunarse han explicado a ELMUNDO.es las razones que han guiado su decisión. El internista Javier Marco, del Hospital Clínico de Madrid, y el cirujano Pedro Cavadas, responsable del primer trasplante de cara en España, representan las dos caras de la moneda. El primero ha dado el sí porque lo considera una responsabilidad. El segundo ha dicho que no por su condición de "ácrata sanitario".
Si la pregunta de moda hace unos meses era "¿estás en un grupo de riesgo?", ahora ha pasado a ser "¿te vas a vacunar?". Antes se contaban por millones quienes querían pertenecer al colectivo de personas con derecho a recibir el pinchazo frente al virus A/H1N1, pero en estos momentos son muchos los pacientes que, a pesar de presentar enfermedades que les hacen más proclives a sufrir complicaciones en caso de contraer la gripe A, dudan sobre la conveniencia de ser inmunizados. ¿Qué ha motivado este cambio de parecer?
Pasada la alarma inicial, la ciudadanía ha tomado conciencia de que se trata de una enfermedad leve, con una mortalidad inferior, incluso, a la de la gripe estacional. A esa constatación se une una percepción de que la vacuna no es del todo segura y la creencia de que, si muchos profesionales sanitarios no se la van a poner, por algo será. No obstante, la mayoría de los médicos y enfermeras reticentes a inmunizarse alegan que se trata de una decisión personal que no responde a las características del producto, que ha pasado todos los controles sanitarios. En definitiva, señalan que sí se vacunarían si tuviesen algún factor de riesgo (enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, diabetes, obesidad mórbida...).
Gripe estacional
Muchos expertos se han llevado las manos a la cabeza al comprobar el escaso porcentaje de trabajadores de la sanidad que están dispuestos a inocularse la vacuna. Sin embargo, la cifra de objetores de esta temporada será muy similar a la de quienes declinan protegerse frente a los virus gripales que nos visitan cada año: entre el 60% y el 70%.
Las encuestas más optimistas señalan que en torno a la mitad de los sanitarios se vacunará frente a la nueva gripe, pero otras reducen la cifra a apenas el 30% o, incluso, menos. Sanidad adquirió un total de 37 millones del producto porque en un principio se pensó que iban a ser necesarios dos pinchazos para cada persona. Los ensayos clínicos han demostrado que sólo se precisa uno. Por lo tanto, únicamente se emplearán 10 millones de unidades para inmunizar a otras tantas personas que pertenecen a grupos de riesgo y colectivos diana, entre los que se encuentran, entre otros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los facultativos y el personal de enfermería. Pero, puesto que la vacunación es voluntaria y no goza de demasiados adeptos en ciertos sectores, Sanidad puede encontrarse con unos excedentes de más de 25 millones de viales.
Los motivos por los que menos del 50% de los trabajadores de los hospitales y centros de salud está dispuesto a seguir las recomendaciones del departamento que dirige Trinidad Jiménez son diversos. No consideran que tengan una probabilidad de transmitir la enfermedad mayor que cualquier otra persona; juzgan que la decisión de incluirlos en la cobertura vacunal responde a intereses más políticos que sanitarios; consideran que el dinero que se ha empleado para este fin podría dedicarse a otras patologías más graves; algunos opinan que el producto no ha sido suficientemente probado en ensayos clínicos.
Es el caso de Juan Carlos Hidalgo, coordinador del Centro de Salud La Albuera de Segovia. "Esta gripe está siendo más leve que la estacional, de la que sí suelo vacunarme, pero en este caso hay una falta de ensayos clínicos y de información", añade.
Para el cirujano Pedro Cavadas, en cambio, no se trata de un problema de seguridad. "Si la Organización Mundial de la Salud recomienda que el personal sanitario se vacune me parece perfecto, pero yo no voy a hacerlo porque soy un ácrata sanitario", remarca contundente.
Julio Bonis, médico de familia de un centro de salud madrileño considera que los motivos de incluir a la profesión médica entre los grupos de vacunación no tienen que ver con el riesgo para los pacientes. "Nos piden que nos vacunemos para que no contraigamos la gripe y faltemos al trabajo", asevera. Por su parte, el pediatra del Hospital Niño Jesús de Madrid, Aser García, subraya que no tiene intención de vacunares ya que no tiene ningún factor de riesgo. "Las personas que sí los presentan sí deberían inmunizarse", recomienda.
Responsabilidad ética
La otra cara de la moneda la ofrecen los representantes sanitarios que ven escandalosa la actitud de sus colegas rebeldes. Es el caso de Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, quien recibió el pinchazo de la vacuna de la gripe A ante los medios de comunicación para dar ejemplo a sus compañeros de profesión. "Este panorama no es una novedad. Los profesionales sanitarios siempre nos hemos creído por encima del bien y del mal", afirma.
"Te acostumbras tanto a trabajar con riesgo que se te olvida que existe", agrega. "Somos los que estamos recibiendo a las personas enfermas y podemos ser transmisores de la infección a pacientes mayores, con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos", subraya el enfermero. En su opinión, Sanidad podría haber optado por obligar jurídicamente a los sanitarios a inmunizarse, tal y como ha hecho Estados Unidos, para evitar que el sistema sanitario se resienta si contraen la infección muchos trabajadores al mismo tiempo. En todo caso, subraya que para él se trata de un deber "desde el punto de vista ético".
Tanto González Jurado como el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Luis Aguilera, coinciden en señalar que el hecho de que las tres vacunas que se han aprobado en España cuenten con el visto bueno de las agencias nacional y europea del medicamento es garantía suficiente de su seguridad. Aguilera también se va a vacunar por su condición de "profesional sanitario en contacto con enfermos".
La necesidad de cortar la diseminación de la pandemia es una de las razones que aduce Javier Haya, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid, para inyectarse el medicamento. Lo mismo opina Juliana Fariña, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, quien aleja cualquier temor sobre las sustancias que se han añadido al producto para que sea capaz de provocar una mayor respuesta inmune (adyuvantes). "Tienen algo que no gusta: que producen mayor dolor y reacción local", puntualiza.
El debate sobre los efectos adversos de dichos componentes químicos, que en España no se incluirán en las vacunas que van a recibir las embarazadas, sigue abierto. Así, un sondeo realizado en Alemania reveló que sólo el 12% de los ciudadanos de dicho país tenía intención de inmunizarse frente al virus A/H1N1 por las reservas de los expertos respecto a la seguridad de los adyuvantes. El presidente del Colegio Alemán de Médicos Generales y de Familia declaró hace unas semanas que una de las vacunas no ha sido lo suficientemente probada para ser administrada a millones de personas, especialmente niños y mujeres embarazadas.
Albert Jovell, médico y presidente del Foro Español de Pacientes, no comparte ese temor. De hecho, fue de los primeros en vacunarse el lunes pasado. Lo hizo, explica, por responsabilidad institucional y porque tiene plena confianza en sus compañeros de Medicina Preventiva que han desarrollado esta inmunización "valorando sus riesgos y beneficios".
Administración por ley
Aunque se trate de una enfermedad que curse con síntomas leves en la mayoría de los casos, Jovell considera que la sanidad no se puede permitir una epidemia de bajas. "La población no puede llegar a unas urgencias que estén desatendidas", alega.
El carácter benigno de la patología es, precisamente, la principal razón por la que el Ministerio ni siquiera se ha planteado la obligatoriedad de la inmunización. En cambio, Estados Unidos sí que lo ha hecho, para satisfacción de algunos especialistas y disgusto de otros.
Alexandra Stewart, de la Universidad George Washington, comenta en el último número de 'The New England Journal of Medicine' la pertinencia de esta medida. Cree que el Gobierno y los órganos jurídicos deben tener en cuenta la autonomía personal de los profesionales sanitarios, reconocida en la Constitución estadounidense, pero, en caso de que se presenten demandas judiciales, no sería la primera vez que los tribunales dan preferencia a la salud de los pacientes.
Fuente:www.El Mundo
Por qué los médicos no se quieren vacunar
* Entre el 60% y el 70% de los galenos tampoco se inmuniza contra la gripe común
* Sanidad puede encontrarse con un excedente de 25 millones de vacunas
MADRID.- El inicio de la campaña de vacunación frente al virus A/H1N1 ha desatado el debate sobre la negativa de los médicos y otros profesionales sanitarios a seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.
Desconcertados, los pacientes se preguntan si les conviene aceptar algo que rechazan quienes les atienden. Sin embargo, las reticencias de la mayoría de quienes trabajan en los hospitales y centros de salud españoles tienen poco que ver con la seguridad y mucho con la tradicional resistencia de los galenos a protegerse frente a la gripe estacional.
Cinco doctores rebeldes y otros tantos individuos que van a vacunarse han explicado a ELMUNDO.es las razones que han guiado su decisión. El internista Javier Marco, del Hospital Clínico de Madrid, y el cirujano Pedro Cavadas, responsable del primer trasplante de cara en España, representan las dos caras de la moneda. El primero ha dado el sí porque lo considera una responsabilidad. El segundo ha dicho que no por su condición de "ácrata sanitario".
Si la pregunta de moda hace unos meses era "¿estás en un grupo de riesgo?", ahora ha pasado a ser "¿te vas a vacunar?". Antes se contaban por millones quienes querían pertenecer al colectivo de personas con derecho a recibir el pinchazo frente al virus A/H1N1, pero en estos momentos son muchos los pacientes que, a pesar de presentar enfermedades que les hacen más proclives a sufrir complicaciones en caso de contraer la gripe A, dudan sobre la conveniencia de ser inmunizados. ¿Qué ha motivado este cambio de parecer?
Pasada la alarma inicial, la ciudadanía ha tomado conciencia de que se trata de una enfermedad leve, con una mortalidad inferior, incluso, a la de la gripe estacional. A esa constatación se une una percepción de que la vacuna no es del todo segura y la creencia de que, si muchos profesionales sanitarios no se la van a poner, por algo será. No obstante, la mayoría de los médicos y enfermeras reticentes a inmunizarse alegan que se trata de una decisión personal que no responde a las características del producto, que ha pasado todos los controles sanitarios. En definitiva, señalan que sí se vacunarían si tuviesen algún factor de riesgo (enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, diabetes, obesidad mórbida...).
Gripe estacional
Muchos expertos se han llevado las manos a la cabeza al comprobar el escaso porcentaje de trabajadores de la sanidad que están dispuestos a inocularse la vacuna. Sin embargo, la cifra de objetores de esta temporada será muy similar a la de quienes declinan protegerse frente a los virus gripales que nos visitan cada año: entre el 60% y el 70%.
Las encuestas más optimistas señalan que en torno a la mitad de los sanitarios se vacunará frente a la nueva gripe, pero otras reducen la cifra a apenas el 30% o, incluso, menos. Sanidad adquirió un total de 37 millones del producto porque en un principio se pensó que iban a ser necesarios dos pinchazos para cada persona. Los ensayos clínicos han demostrado que sólo se precisa uno. Por lo tanto, únicamente se emplearán 10 millones de unidades para inmunizar a otras tantas personas que pertenecen a grupos de riesgo y colectivos diana, entre los que se encuentran, entre otros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los facultativos y el personal de enfermería. Pero, puesto que la vacunación es voluntaria y no goza de demasiados adeptos en ciertos sectores, Sanidad puede encontrarse con unos excedentes de más de 25 millones de viales.
Los motivos por los que menos del 50% de los trabajadores de los hospitales y centros de salud está dispuesto a seguir las recomendaciones del departamento que dirige Trinidad Jiménez son diversos. No consideran que tengan una probabilidad de transmitir la enfermedad mayor que cualquier otra persona; juzgan que la decisión de incluirlos en la cobertura vacunal responde a intereses más políticos que sanitarios; consideran que el dinero que se ha empleado para este fin podría dedicarse a otras patologías más graves; algunos opinan que el producto no ha sido suficientemente probado en ensayos clínicos.
Es el caso de Juan Carlos Hidalgo, coordinador del Centro de Salud La Albuera de Segovia. "Esta gripe está siendo más leve que la estacional, de la que sí suelo vacunarme, pero en este caso hay una falta de ensayos clínicos y de información", añade.
Para el cirujano Pedro Cavadas, en cambio, no se trata de un problema de seguridad. "Si la Organización Mundial de la Salud recomienda que el personal sanitario se vacune me parece perfecto, pero yo no voy a hacerlo porque soy un ácrata sanitario", remarca contundente.
Julio Bonis, médico de familia de un centro de salud madrileño considera que los motivos de incluir a la profesión médica entre los grupos de vacunación no tienen que ver con el riesgo para los pacientes. "Nos piden que nos vacunemos para que no contraigamos la gripe y faltemos al trabajo", asevera. Por su parte, el pediatra del Hospital Niño Jesús de Madrid, Aser García, subraya que no tiene intención de vacunares ya que no tiene ningún factor de riesgo. "Las personas que sí los presentan sí deberían inmunizarse", recomienda.
Responsabilidad ética
La otra cara de la moneda la ofrecen los representantes sanitarios que ven escandalosa la actitud de sus colegas rebeldes. Es el caso de Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, quien recibió el pinchazo de la vacuna de la gripe A ante los medios de comunicación para dar ejemplo a sus compañeros de profesión. "Este panorama no es una novedad. Los profesionales sanitarios siempre nos hemos creído por encima del bien y del mal", afirma.
"Te acostumbras tanto a trabajar con riesgo que se te olvida que existe", agrega. "Somos los que estamos recibiendo a las personas enfermas y podemos ser transmisores de la infección a pacientes mayores, con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos", subraya el enfermero. En su opinión, Sanidad podría haber optado por obligar jurídicamente a los sanitarios a inmunizarse, tal y como ha hecho Estados Unidos, para evitar que el sistema sanitario se resienta si contraen la infección muchos trabajadores al mismo tiempo. En todo caso, subraya que para él se trata de un deber "desde el punto de vista ético".
Tanto González Jurado como el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Luis Aguilera, coinciden en señalar que el hecho de que las tres vacunas que se han aprobado en España cuenten con el visto bueno de las agencias nacional y europea del medicamento es garantía suficiente de su seguridad. Aguilera también se va a vacunar por su condición de "profesional sanitario en contacto con enfermos".
La necesidad de cortar la diseminación de la pandemia es una de las razones que aduce Javier Haya, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Santa Cristina de Madrid, para inyectarse el medicamento. Lo mismo opina Juliana Fariña, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, quien aleja cualquier temor sobre las sustancias que se han añadido al producto para que sea capaz de provocar una mayor respuesta inmune (adyuvantes). "Tienen algo que no gusta: que producen mayor dolor y reacción local", puntualiza.
El debate sobre los efectos adversos de dichos componentes químicos, que en España no se incluirán en las vacunas que van a recibir las embarazadas, sigue abierto. Así, un sondeo realizado en Alemania reveló que sólo el 12% de los ciudadanos de dicho país tenía intención de inmunizarse frente al virus A/H1N1 por las reservas de los expertos respecto a la seguridad de los adyuvantes. El presidente del Colegio Alemán de Médicos Generales y de Familia declaró hace unas semanas que una de las vacunas no ha sido lo suficientemente probada para ser administrada a millones de personas, especialmente niños y mujeres embarazadas.
Albert Jovell, médico y presidente del Foro Español de Pacientes, no comparte ese temor. De hecho, fue de los primeros en vacunarse el lunes pasado. Lo hizo, explica, por responsabilidad institucional y porque tiene plena confianza en sus compañeros de Medicina Preventiva que han desarrollado esta inmunización "valorando sus riesgos y beneficios".
Administración por ley
Aunque se trate de una enfermedad que curse con síntomas leves en la mayoría de los casos, Jovell considera que la sanidad no se puede permitir una epidemia de bajas. "La población no puede llegar a unas urgencias que estén desatendidas", alega.
El carácter benigno de la patología es, precisamente, la principal razón por la que el Ministerio ni siquiera se ha planteado la obligatoriedad de la inmunización. En cambio, Estados Unidos sí que lo ha hecho, para satisfacción de algunos especialistas y disgusto de otros.
Alexandra Stewart, de la Universidad George Washington, comenta en el último número de 'The New England Journal of Medicine' la pertinencia de esta medida. Cree que el Gobierno y los órganos jurídicos deben tener en cuenta la autonomía personal de los profesionales sanitarios, reconocida en la Constitución estadounidense, pero, en caso de que se presenten demandas judiciales, no sería la primera vez que los tribunales dan preferencia a la salud de los pacientes.
Fuente:www.El Mundo
martes, 17 de noviembre de 2009
Aumentan los incidentes entre las patrulleras de la Guardia Civil y las autoridades británicas y del Peñón en las aguas cercanas a Gibraltar. Los agentes se sienten indefensos ante la falta de órdenes de los mandos españoles mientras aumenta la agresividad de los británicos.
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Denuncian la expulsión de una patrullera de la Guardia Civil por la Policía de Gibraltar
El PSOE se niega a defender la españolidad de las aguas de Gibraltar
LIBERTAD DIGITAL
Según informa El Mundo, desde hace varios meses se vienen denunciando incidentes entre las patrulleras de la Guardia Civil y las de las autoridades británicas. Pero estos choques van aumentando y la agresividad de los policías y militares de la colonia es cada vez mayor.
De hecho, Reino Unido reclama como propias las tres millas que rodean Gibraltar y para ello no duda en utilizar a la Royal Navy para defenderlas de lo que consideran una intromisión de las patrulleras de la Guardia Civil.
Sin embargo, los agentes del Instituto Armado, que se sienten indefensos por las autoridades españolas, no dejan de recordar que en el Tratado de Utrecht, Reino Unido sólo dispone de las aguas del puerto de Gibraltar.
Uno de los guardias civiles afectados asegura que "es una situación de permanente conflicto". Además, indica que este aumento de la beligerancia británica "se viene produciendo en los últimos meses, desde poco antes de que se produjera la cumbre del ministro Moratinos en Gibraltar".
En este sentido, recordó que la convivencia entre las embarcaciones siempre había sido correcta pero ahora "en cuanto navegamos cerca del Peñón, por aguas españolas, aparece alguna nave de la Marina británica o de la policía de Gibraltar para intentar que abandonemos la zona. Afirman que son aguas británicas y que no tenemos derecho a estar en ellas". Además, los británicos graban a los agentes españoles y les amenazan con detenerles con la intención de amedrentarlos".
Pero las órdenes que reciben los agentes españoles se centran únicamente en que "hagamos informes y más informes detallando muy bien la zona donde nos encontramos cuando se produce el incidente. Como si estuvieramos tratando de entrar en aguas que no son nuestras". "¡Es que los incidentes se están produciendo en España!", sentencia indignado uno de estos guardias civiles que vive día a día esta situación.
Por todo ello, la AUGC denuncia la indefensión en la que trabajan los miembros de la Benemérita y sobre todo la ausencia de directrices claras por parte de sus superiores. Además, denuncian que día a día la Marina Británica intenta "ganar metros al mar en donde no es su territorio".
Para más inri, las embarcaciones británicas van fuertemente armadas, incluso con ametralladoras pesadas tipo MG, con las que no dudan en quitar las protecciones y apuntar a los agentes españoles. "Ponen en marcha todo su protocolo de seguridad", asegura uno de estos guardias civiles. Mientras tanto, los mandos piden prudencia a sus subordinados.
España contesta a las quejas del Reino Unido sobre Gibraltar.
El Gobierno español ha comunicado oficialmente a las autoridades británicas que en torno a Gibraltar no les reconoce "más espacios que los estrictamente cedidos por el Tratado de Utrecht", en respuesta a una queja presentada por Londres en septiembre por lo que los británicos consideran incursiones de la Guardia Civil en las aguas que rodean el Peñón y reclaman como propias, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas españolas.
Esta comunicación remitida por la Embajada británica en España al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación así como otras similares han sido "debidamente respondidas" por parte del departamento que dirige Miguel Angel Moratinos "recordando que no se reconocen a Reino Unido ni a Gibraltar más espacios que los estrictamente cedidos por el Tratado de Utrecht", añadieron las mismas fuentes, preguntadas por la carta de queja de la Embajada británica que publica hoy el diario 'El Mundo'.
El rotativo se hace eco este lunes de nuevos incidentes entre la Marina británica y la Policía gibraltareña con la Guardia Civil en las aguas en disputa (hasta las tres millas), unos sucesos que se vienen repitiendo al menos desde la primavera pasada. En más de una ocasión, la Marina británica y la Policía gibraltareña han salido al encuentro de patrulleras de la Guardia Civil que han entrado en las tres millas y les han ordenado que se retiren de esas aguas.
Las fuentes diplomáticas consultadas recordaron que la Guardia Civil no ha hecho nada nuevo, ya que lleva años entrando y saliendo de las aguas en disputa si lo ha considerado necesario para llevar a cabo labores de vigilancia o persecución de delitos.
Preguntadas si se ha producido algún contacto con Reino Unido o Gibraltar para superar este tipo de incidentes, las fuentes indicaron no disponer de esa información, pero recordaron que el marco negociador entre España y Reino Unido para abordar las cuestiones de soberanía, el llamado Proceso de Bruselas, se encuentra en suspenso por decisión unilateral de Londres.
Una portavoz de la legación británica en Madrid ha señalado a Europa Press que esas aguas son "gibraltareñas" y manifestó la voluntad del Gobierno británico de seguir trabajando junto al Ejecutivo español y el gibraltareño para avanzar en la "cooperación entre los agentes locales" dentro del Foro de Diálogo que crearon los tres gobiernos con la llegada de los socialistas a la Moncloa en 2004.
Gibraltar es un territorio dependiente del Reino Unido con un estatus específico en la UE. Por el Tratado de Utrecht de 1713 España sólo cedió a la Corona británica la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensas y fortalezas, pero no así el istmo (ocupado ilegalmente en la actualidad) ni las aguas territoriales o el espacio aéreo.
También según este Tratado, España reivindica su derecho a poder recuperar el territorio cedido en caso de que Reino Unido renuncie algún día a su soberanía.
La Gaceta
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Denuncian la expulsión de una patrullera de la Guardia Civil por la Policía de Gibraltar
El PSOE se niega a defender la españolidad de las aguas de Gibraltar
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Según informa El Mundo, desde hace varios meses se vienen denunciando incidentes entre las patrulleras de la Guardia Civil y las de las autoridades británicas. Pero estos choques van aumentando y la agresividad de los policías y militares de la colonia es cada vez mayor.
De hecho, Reino Unido reclama como propias las tres millas que rodean Gibraltar y para ello no duda en utilizar a la Royal Navy para defenderlas de lo que consideran una intromisión de las patrulleras de la Guardia Civil.
Sin embargo, los agentes del Instituto Armado, que se sienten indefensos por las autoridades españolas, no dejan de recordar que en el Tratado de Utrecht, Reino Unido sólo dispone de las aguas del puerto de Gibraltar.
Uno de los guardias civiles afectados asegura que "es una situación de permanente conflicto". Además, indica que este aumento de la beligerancia británica "se viene produciendo en los últimos meses, desde poco antes de que se produjera la cumbre del ministro Moratinos en Gibraltar".
En este sentido, recordó que la convivencia entre las embarcaciones siempre había sido correcta pero ahora "en cuanto navegamos cerca del Peñón, por aguas españolas, aparece alguna nave de la Marina británica o de la policía de Gibraltar para intentar que abandonemos la zona. Afirman que son aguas británicas y que no tenemos derecho a estar en ellas". Además, los británicos graban a los agentes españoles y les amenazan con detenerles con la intención de amedrentarlos".
Pero las órdenes que reciben los agentes españoles se centran únicamente en que "hagamos informes y más informes detallando muy bien la zona donde nos encontramos cuando se produce el incidente. Como si estuvieramos tratando de entrar en aguas que no son nuestras". "¡Es que los incidentes se están produciendo en España!", sentencia indignado uno de estos guardias civiles que vive día a día esta situación.
Por todo ello, la AUGC denuncia la indefensión en la que trabajan los miembros de la Benemérita y sobre todo la ausencia de directrices claras por parte de sus superiores. Además, denuncian que día a día la Marina Británica intenta "ganar metros al mar en donde no es su territorio".
Para más inri, las embarcaciones británicas van fuertemente armadas, incluso con ametralladoras pesadas tipo MG, con las que no dudan en quitar las protecciones y apuntar a los agentes españoles. "Ponen en marcha todo su protocolo de seguridad", asegura uno de estos guardias civiles. Mientras tanto, los mandos piden prudencia a sus subordinados.
España contesta a las quejas del Reino Unido sobre Gibraltar.
El Gobierno español ha comunicado oficialmente a las autoridades británicas que en torno a Gibraltar no les reconoce "más espacios que los estrictamente cedidos por el Tratado de Utrecht", en respuesta a una queja presentada por Londres en septiembre por lo que los británicos consideran incursiones de la Guardia Civil en las aguas que rodean el Peñón y reclaman como propias, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas españolas.
Esta comunicación remitida por la Embajada británica en España al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación así como otras similares han sido "debidamente respondidas" por parte del departamento que dirige Miguel Angel Moratinos "recordando que no se reconocen a Reino Unido ni a Gibraltar más espacios que los estrictamente cedidos por el Tratado de Utrecht", añadieron las mismas fuentes, preguntadas por la carta de queja de la Embajada británica que publica hoy el diario 'El Mundo'.
El rotativo se hace eco este lunes de nuevos incidentes entre la Marina británica y la Policía gibraltareña con la Guardia Civil en las aguas en disputa (hasta las tres millas), unos sucesos que se vienen repitiendo al menos desde la primavera pasada. En más de una ocasión, la Marina británica y la Policía gibraltareña han salido al encuentro de patrulleras de la Guardia Civil que han entrado en las tres millas y les han ordenado que se retiren de esas aguas.
Las fuentes diplomáticas consultadas recordaron que la Guardia Civil no ha hecho nada nuevo, ya que lleva años entrando y saliendo de las aguas en disputa si lo ha considerado necesario para llevar a cabo labores de vigilancia o persecución de delitos.
Preguntadas si se ha producido algún contacto con Reino Unido o Gibraltar para superar este tipo de incidentes, las fuentes indicaron no disponer de esa información, pero recordaron que el marco negociador entre España y Reino Unido para abordar las cuestiones de soberanía, el llamado Proceso de Bruselas, se encuentra en suspenso por decisión unilateral de Londres.
Una portavoz de la legación británica en Madrid ha señalado a Europa Press que esas aguas son "gibraltareñas" y manifestó la voluntad del Gobierno británico de seguir trabajando junto al Ejecutivo español y el gibraltareño para avanzar en la "cooperación entre los agentes locales" dentro del Foro de Diálogo que crearon los tres gobiernos con la llegada de los socialistas a la Moncloa en 2004.
Gibraltar es un territorio dependiente del Reino Unido con un estatus específico en la UE. Por el Tratado de Utrecht de 1713 España sólo cedió a la Corona británica la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensas y fortalezas, pero no así el istmo (ocupado ilegalmente en la actualidad) ni las aguas territoriales o el espacio aéreo.
También según este Tratado, España reivindica su derecho a poder recuperar el territorio cedido en caso de que Reino Unido renuncie algún día a su soberanía.
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